Los Detectives Privados del Reino Unido: Una Profesion Bajo Investigacion:
“Gran Bretaña es la tierra de las oportunidades”. Así lo aseguró el Primer Ministro David Cameron en la Conferencia del Partido Conservador en Manchester el pasado 2 de octubre. Para justificar esta afirmación, sostuvo que “se han abierto 300.000 nuevas empresas en el país” desde que el Gobierno de Coalición llegó al poder tras las elecciones generales del 6 de mayo de 2010. Uno de los sectores que podría haber mencionado Cameron es la floreciente industria de las investigaciones privadas.
Un reportaje de la Camara de los Comunes publicado en julio indicaba que, aunque “solo 2.032 investigadores privados están registrados como controladores de datos en el “Information Commissioner’s Office (ICO)”, probablemente hay al menos 10.000 personas que trabajan como detectives privados en el Reino Unido. Como destacaba el periodista del Daily Telegraph, Jake Wallis Simons, (citando a Nigel Parsons, fundador de la agencia “Answers Investigations”), esta actividad está “completamente desregulada. Cualquiera puede establecerse como detective. No se necesita ninguna licencia y no se les inspeccionan”. Un programa de Channel 4 News también ha manifestado que “las dos organizaciones principales en este sector, la Asociacion de Investigadores Britanicos (ABI) y la Asociacion Mundial de Investigadores Privados apenas suman 1,000 miembros”. Aunque ambos tienen un Código de Conducta, no hay obligación de asociarse a ellos, por consiguiente no tienen mucha autoridad.
Neil Sheppard, un director regional de la agencia “Allied Agency”, conto a Channel 4 News que “cualquier persona puede despertarse un día, ir a Argos, comprar una cámara y autodenominarse investigador privado (PI)”. Su organización cobra una tarifa por hora màs los gastos” pero para “operaciones ilegales, las cuales nosotros no realizamos, hay que disponer de miles de libras”. El precio con “Answers Investigation” es de £54 por hora de vigilancia ,£65 por hora de informatica forense y hasta £95 / hora para “asuntos especializados” como “un complejo analisis forense” y comprobación de huellas dactilares. Debido a los recortes en los presupuestos policiales, “Answers Investigations” está creciendo y ha podido, por lo tanto, abrir nuevas sedes en Hertfordshire y Sussex, además de la que ya existía en Berkshire.
La página web de servicio a la investigación privada “Crown Intelligence” reconoce que la imagen pública de los detectives es de “un carácter astuto y furtivo, escondidos detrás de las puertas con una cámara espiando a la pareja (posiblement infiel ) de alguien” – y de hecho, casi el 50% de los divorcios implican el uso de investigadores privados. Insisten, sin embargo, en que el rol del detective no es ni “sordido ni glamoroso”, que llevar a cabo una vigilancia durante varios días o permanecer sentado detrás de una mesa recogiendo información legal para un caso judicial puede resultar extremadamente tedioso, y que un investigador a menudo se ve envuelto en situaciones peligrosas – por ejemplo, cuando reúne pruebas de un robo, fraude y falsificación o sustracción de bienes. Un detective profesional, aseguran, “normalmente tiene experiencia policial” – lo que se corresponde estrechamente con las estadísticas de la Camara de los Comunes que muestran que “alrededor del 65% de los investigadores privados son antiguos agentes de policía”.
Así, puede parecer que no todos los detectives acatan los escrupulosos estándares de ética identificados con los sabueso de ficción tal como Sherlock Holmes – por tanto el anuncio de la Ministro de Interior Theresa May, del pasado 31 de julio, que introducirà la licencia obligada para los investigadores privados a partir de finales de 2014. Esto significa, comento Andrew Grice en The Independent, que “a los investigadores declarados culpables de piratería informática o de suplantación de identidad para obtener información confidencial se les prohibirá esta licencia”.
Los que la soliciten “tendrán que realizar un curso de entrenamiento y demostrar ante la Autoridad de la Industria de la Seguridad (SIA) que entienden las leyes de privacidad, soborno y protección de datos”: También “serán controlados para verificar si tienen antecedentes penales ”. Se prevee que “los periodistas que trabajan en proyectos legítimos de interés público” quedarán exentos bajo la nueva legislación.
De acuerdo a ICO, hasta el 60% de sus “tareas de ejecucion” requiere que se enfrenten con los investigadores que perpetran infracciones graves de la Ley de Protección de Datos. Dichas faltas, ha recalcado el corresponsal de la BBC Tom Symonds, no conllevan actualmente una condena de prisión: “Se trata más bien de una pena civil – una multa que puede alcanzar las £500.000 ”. Otras estafas ( eg:”blagging” – obtenido de manera ilicita) incluyen el acceso a detalles de cuentas bancarias, números de teléfono y facturas específicas, historial médico, información sobre impuestos y nominas e “implantar un troyano e-Blaster, un sistema de seguimiento, en el PC de la victima.
Entonces ¿quién da empleo a estos “investigadores granujas”? The Independent mantiene que la “Serious Organised Crime Agency” (SOCA) conoce desde hace tiempo las instituciones que han estado “contratando a detectives para infringir la ley y promover sus intereses comerciales” – pero “no han hecho nada para impedir estas prácticas ilegales”. SOCA – descrita en ocasiones como el “FBI británico” – fue creada en 2009 pero pronto será reemplazada por la “National Crime Agency” (NCA). Como parte de su “Operación Milpies”, se ha recopilado una lista de 102 organizaciones e individuos sospechosos de haber usado a investigadores “deshonestos” – una lista que se ha trasladado tanto a ICO como al comité de la Camara de los Comunes presidido por el MP laborista Keith Vaz.
The Independent, Channel 4 News y la NUJ (Unión Nacional de Periodistas) han revelado que, dentro de esta lista de hay grandes bancos, empresas farmacéuticas, petroleras, ferrocarriles, de seguridad, aseguradoras y compañías coleccionistas de deudas, celebridades, consultorías de dirección e incluso 22 bufetes de abogados.
Se está desarrollando una batalla entre Keith Vaz – que cree que esta lista debería hacerse pública – y SOCA/ICO, que prefiere mantenerla en secreto “para no perjudicar el proceso de investigaciones criminales”. En la última edición de la revista “The Journalist”, la NUJ ha denunciado a SOCA por “proteger a las grandes corporaciones” – lo cual (dice) “contrasta completamente” con el tratamiento infligido a muchos periodistas acusados de piratería informatica que “sufrieron un infierno” antes de ser declarados inocentes.